“Artículo 131.Compete a la ley la reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores, la definición del régimen laboral para sus empleados y lo relativo a los aportes como tributación especial de las notarías, con destino a la administración de justicia. El nombramiento de los notarios en propiedad se hará mediante concurso. Corresponde al gobierno la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarios y oficinas de registro.”

“Artículo 2.2.6.1.1.5 Pertenencia a juntas directivas. Con las limitaciones establecidas en la ley, el notario podrá ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales siempre y cuando no interfiera el ejercicio de su función.”

“Artículo 16. Los Círculos de Notaría se clasificarán en tres categorías de acuerdo con la división que, teniendo en cuenta el número de escrituras otorgadas en cada uno de ellos en los últimos cinco años y los factores socioeconómicos haga la Superintendencia de Notariado y Registro, con aprobación del gobierno Nacional. Los Círculos de Notaría que tengan por cabecera la capital de la República y las capitales de Departamento con más de trescientos mil habitantes, de acuerdo con los estimativos que haga al efecto el Departamento Administrativo Nacional de Estadística a petición de la Superintendencia de Notaría y Registro, serán clasificados en la primera categoría.

Parágrafo. Mientras la clasificación a que se refiere el presente artículo se lleva a cabo, continuará vigente la actual.”

“Artículo 57. Cuando se constituya un nuevo municipio el respectivo gobernador, intendente o comisario comunicará este hecho a la Superintendencia de Notariado y Registro adjuntando copia del acto de su creación, para los fines indicados en el artículo 128 del Decreto-ley 0960 de 1970.”

“Artículo 17. En los Círculos donde haya más de una Notaría y cuyo progreso económico-social sea notorio, el gobierno nacional, oída la Superintendencia de Notariado y Registro podrá aumentar, para el período siguiente y cada cinco años, el número de dichas oficinas.

Parágrafo. El Gobierno, mediante Decreto ejecutivo, y por una sola vez dentro de cada período, podrá variar, a petición de la Superintendencia de Notariado y Registro, y oído el Colegio nacional de Notarios, los números, porcentajes y promedios de que tratan los artículos 123, 124, 126 y 127 del Decreto Ley número 960 de 1970, pero siempre con la restricción de que en un mismo círculo de Notarías creadas no exceda del 50% de las existentes.”

“La Constitución de 1991 hizo una distribución de competencias en materia de notariado y registro, pues mientras en el régimen anterior las atribuciones generales estaban reservadas a la ley, de tal manera que al no atribuirse competencias directas al ejecutivo las que él tuviera dependían de aquella, la nueva Constitución atribuyó unas competencias a la ley y otras al Gobierno, como es concretamente la de determinar el número de notarios, que equivale a la creación de las notarías.

En consecuencia, de la competencia atribuida a la ley para “la organización y reglamentación del servicio público que prestan los notarios y registradores”, debe entenderse excluido lo relativo a “la creación, supresión y fusión de los círculos de notariado y registro y la determinación del número de notarías y oficinas de registro”, pues estas últimas facultades le fueron entregadas, a diferencia del régimen anterior, directamente al Gobierno.

Siendo ello así, se trata entonces de la presencia de unas competencias autónomas y directas otorgadas por la Constitución al ejecutivo, que dan lugar a la expedición de los llamados por la jurisprudencia y la doctrina reglamentos o decretos constitucionales o autónomos, que se caracterizan por no estar sometidos a las leyes en el campo preciso de su objeto, pues ellos ejecutan o desarrollan directamente la Constitución. En consecuencia, las normas legales que dentro del régimen anterior regulaban los aspectos precisos que hoy corresponden directa y constitucionalmente al ejecutivo deben entenderse derogadas por la nueva Constitución por ser contrarias e incompatibles con ella, como en el caso de los artículos 123, 125 y 131 del Decreto Ley 960 de 1970, y 17 de la Ley 29 de 1973, que establecían condiciones para la creación de notarías y que son citados por el actor y, por lo mismo, no puede pretenderse que ellos hayan sido violados por el decreto acusado, que constituye simplemente el ejercicio por parte del ejecutivo de una función que ha sido otorgada directamente por la Constitución Política, sin sometimiento a la ley.”

“Artículo 17. En los Círculos donde haya más de una Notaría y cuyo progreso económico-social sea notorio, el Gobierno Nacional, oída la Superintendencia de Notariado y Registro podrá aumentar, para el período siguiente y cada cinco años, el número de dichas oficinas. 

Parágrafo. El Gobierno, mediante decreto ejecutivo, y por una sola vez dentro de cada período, podrá variar, a petición de la Superintendencia de Notariado y Registro, y oído el Colegio Nacional de Notarios, los números, porcentajes y promedios de que tratan los artículos 123, 124, 126 y 127 del Decreto-ley número 960 de 1970, pero siempre con la restricción de que en un mismo Círculo de Notarías creadas no exceda del 50% de las existentes.”

“Nota

Debe considerarse derogado por el artículo 131 de la Constitución Política conforme lo dice el Consejo de Estado (…) La creación de las notarías es competencia exclusiva del gobierno.”^[98]

“Nota

Derogado según los términos de la providencia del Consejo de Estado transcrita a la continuación del artículo 125, pues la norma regula un aspecto que hoy corresponde “directa y constitucionalmente al ejecutivo”.”^[99]

“Nota

Debe considerarse derogado por el artículo 131 de la Constitución Política porque esta norma faculta al Gobierno para la determinación del número de notarios sin ninguna limitación.”^[100]

“Nota

Debe considerarse derogado por la constitución política de 1991 porque, a partir de su vigencia, la creación de círculos de notariado es competencia autónoma del Gobierno (art. 131). Así lo ha señalado el Consejo de Estado en la sentencia del 9 de noviembre de 1994.”^[101]

“Nota

Debe considerarse derogado por el artículo 131 de la Constitución Política en razón de la facultad que esta misma confiere al Gobierno para crear, suprimir y fusionar los círculos de notariado sin restricción legal.”^[102]

Los Círculos de Notaría se clasificarán en tres categorías, así:

1a. Los que tengan por cabecera la capital de la República, las capitales de los Departamentos y Municipios de más de 100.000 habitantes.

2a. Los que tengan por cabecera Municipios con población entre 30.000 y 100.000 habitantes, y

3a. Los que tengan por cabecera Municipios de menos de 30.000 habitantes.

“Nota

Debe considerarse derogado por ser incompatible con la facultad que el artículo 131 de la Constitución Política confiere al Gobierno.”^[103]

“Nota

Según la sentencia de noviembre 9 de 1994 dictada por el Consejo de Estado en el expediente 2794, esta disposición fue derogada por el artículo 131 de la Constitución Política.”^[104]